La Ley de Solidaridad Nacional se pone a prueba en audiencia en la Corte Constitucional
17 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional fueron demandados como inconstitucionales. Cuatro de ellos están suspendidos de formal temporal.
Si la Ley de Solidaridad Nacional es inconstitucional o no se analiza desde las 10:45 de este lunes 25 de agosto en una audiencia pública de la Corte Constitucional que es presidida por el juez Alí Lozada.
Esta ley impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa permite el reconocimiento de un conflicto armado interno. También se da una definición de los grupos armados organizados y permite el indulto presidencial anticipado a las fuerzas del orden, entre otras potestades.
Una de las primeras impugnaciones cuestiona la falta unidad de materia y que no cumple con la urgencia económica, carácter con el que fue enviada a la Asamblea Nacional para su trámite célere.
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Entre los impugnantes se encuentran Giovanni Atarihuana, de Unidad Popular; Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y otros. Hay cinco demandas en total.
Del otro lado, comparecen representantes de la Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y Presidencia. Por parte de este último argumentará su secretario jurídico, Stalin Andino.
Las demandas impugnan la inconstitucionalidad de toda la ley por la forma y, por el fondo, de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18; de las disposiciones generales tercera, cuarta y quinta; de las disposiciones reformatorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; de las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta; y de la disposición derogatoria segunda. Asimismo, por conexidad, se impugnan los artículos 1, 3 y 7 del Decreto Ejecutivo 218, de 7 de abril de 2024.
La Corte Constitucional suspendió de forma temporal cuatro artículos de la Ley de Solidaridad Nacional (6, 9, 13 y 14) hasta discutir su fondo. Luego de analizar argumentos y contra argumentos, los jueces determinarán en los próximos días si la normativa se mantiene o debe anularse por no ajustarse con la Constitución.
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